LOS RITUALES SOCIALES

Revista Latinoamericana de Historia y Ciencias Sociales

domingo, 12 de octubre de 2014

XXIX Encuentro Nacional de Mujeres

SALTA



Múltiples voces en el Encuentro Nacional de Mujeres que visibilizan la violencia la opresión contra la mujer

Con voces que llaman a luchar contra el femicidio, por la legalización del aborto, contra la violencia obstétrica, contra la discriminación de género, por los derechos de las mujeres, y que denuncian la feminización de la pobreza, comenzaron los talleres del 29º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en Salta con la participación de unas 40.000 mujeres de todo el país.
El ENM se inauguró esta mañana en el Estadio Delmi de la capital salteña donde quedó impresa la voluntad de lucha de este movimiento que este añó alcanzó el mayor número de participantes de su historia, revelando un crecimiento y una confianza en la organización para pelear contra la violencia y por los derechos de las mujeres.

En este sentido, Bety Guevara, docente de Salta e integrante de la comisión organizadora del encuentro, aseguró a Télam que "estamos emocionadas por esta convocatoria después de mucho trabajo y de muchos obstáculos, y sabiendo que esto es posible gracias al carácter democrático, horizontal y participativo del encuentro; queremos que todas las mujeres puedan debatir en los talleres para llegar a conclusiones que aporten a mejoras".

En este marco y frente a la multiplicidad de problemáticas planteadas en los talleres, Guevara resaltó "que la lucha por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de la mujer sigue en pie sobre todo en provincias como Salta donde tenemos una ley sobre sexualidad responsable que fue sancionada en 2004 y aun no fue reglamentada y somos una de las provincias con más víctimas de femicidios".

Guevara se refirió a Rocío Girat, la joven que fue violada por su padre militar, a quien la justicia condenó recientemente a 14 años de prisión, al señalar que "es importante su presencia porque su experiencia puede servir de ejemplo para muchas otras Rocío que no se animan a hablar y que puedan reconocer que es necesario apoyarse en otras organizaciones para romper el silencio y exigir castigo efectivo a todos aquellos violadores y asesinos de mujeres".

Por su parte, Girat expresó a Télam que "vine al encuentro porque siento que la lucha en la calle se escucha más y para encender la chispa de la esperanza de que se puede, si yo pude meter en cana a un milico, entonces todas podemos, y que si abandonas la lucha le das la posibilidad al golpeador, al violador, al asesino para que siga haciendo lo mismo".

A su vez, Manuela Castaneira de Las Rojas, quienes acompañaron a Girat al encuentro, manifestó que "necesitamos que sigan fortaleciéndose mujeres como Rocío, que son un ejemplo de lucha".

Castañeira destacó asimismo la importancia de la "pelea por el aborto legal, que sigue vigente y venimos a discutir esos temas a los talleres y la libertad por Susana, María y Claudia, presas en Jujuy por haber abortado una de ellas y las otras dos por haberla acompañado".

El tema de la violencia obstétrica, que se incluyó este año por primera vez en los talleres del ENM, concitó el interés de muchas participantes, entre ellas de Delia Albisser, de Jardín de América, Misiones, madre de Paula Pisak, una jóven docente que sufrió hace 10 años "mutilaciones durante el parto, que innecesariamente la mandaron a cesárea", dijo la madre.

Denunció el encubrimiento de los responsables en Misiones y aseguró que "a partir de entonces venimos luchando por todas las mujeres que pasan por lo mismo, muchas veces terminan mutiladas como mi hija o con sus bebes muertos y el poder corrupto trata de tapar".

"Pedimos justicia y médicos que atiendan a las madres, que tienen el derecho a un parto humanizado y no ser violentadas", enfatizó, tras añadir que "el año pasado fui al encuentro de mujeres de San Juan con mi dolor de madre ante la impotencia de ver a mi hija que había sido una joven sana y verla así, y tantas otras mujeres víctimas de lo mismo, todas en causas judicializadas".

Al igual que esta mujer, también Fabiana Garrido, otra docente de Salta, participa en el encuentro, en el taller de violencia obstétrica, porque "es una de las formas de violencia contra la mujer más invisibilizada y mas naturalizada que nos atraviesa a todas en el momento en que nos acercamos al parto y a la maternidad".

En este marco, destacó que "voy a los encuentros porque son un espacio de discusión importantísimo, porque creo que ninguna mujer que viene a los encuentros se va igual, porque nos enriquecemos todas, y es el ámbito de la lucha por nuestros derechos".

También Melina Brasero es de Salta, madre, estudiante y trabajadora, y participa en este encuentro "por primera vez por los diferentes temas que se tratan, y más que nada por la situación de los abortos, por eso me intersa el taller de aborto legal".

En cambio Mary Nuñez es de Resistencia Chaco y también llegó al encuentro por primera vez "por la problemática de la mujer, mucha violencia, y ésta es una forma de integrarse y combatir, de organizarse y luchar contra el sistema establecido".

El crecimiento de los Pueblos originarios


LA POBLACION INDIGENA AUMENTO CASI 50 POR CIENTO EN AMERICA LATINA

El crecimiento originario


Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes del continente. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena, pero también son más quienes comenzaron a autorreconocerse como tales. En Argentina viven unos 955 mil indígenas.
por Darío Aranda
En una década aumentó un 49,3 por ciento la población indígena en América latina. Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes de la región. Tuvieron mejoras en salud, educación y legislación favorable, pero existe una gran brecha entre derechos existentes y el cumplimiento de los mismos. Los datos provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que también hace hincapié en que las actividades extractivas violan los derechos indígenas, provocan conflictos territoriales y remarca como “crucial y prioritaria” la necesidad de que los Estados cumplan con el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” que asiste a los pueblos originarios por cualquier acción de gobierno que pudiera afectarlos. “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes” es el nombre del informe de 128 páginas de la Cepal. Detalla que en 2010 vivían en América latina 45 millones de personas. La misma Cepal había estimado que en el 2000 la cifra era 30 millones. “Se observa un incremento significativo (49,3 por ciento) en una década”, resalta. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena y también influyó la “autoidentificación” (quienes comenzaron a autorreconocerse).
Los 45 millones de personas están distribuidos en 826 pueblos indígenas. En México viven 17 millones de indígenas, Perú siete millones, Bolivia seis millones y Guatemala 5,8 millones. En Argentina viven al menos 955 mil indígenas (el 2,4 de la población).
En términos porcentuales Bolivia es el país con mayor población indígena (62 por ciento), le siguen Guatemala (41), Perú (24), México (15), Panamá (12), Chile (11), Nicaragua (9), Honduras y Ecuador (7). Los países con menor porcentaje de población originaria son Colombia (3 por ciento), Venezuela (2,7), Costa Rica y Uruguay (2,4), Paraguay (1,8), Brasil (0,5) y El Salvador (0,2).
La Cepal señala que en la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud (atención de nacimientos y mortalidad infantil) y educación (aumento de tasas de asistencia).
En el apartado III detalla la situación territorial. Señala como positivo la “evolución notable” del derecho internacional y tratados de derechos humanos, pero al mismo tiempo remarca la falta de cumplimiento de las normas. “En la última década el auge en la demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja) se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno de las industrias extractivas situadas en territorios indígenas”, explica la Cepal y detalla como coincidencia regional: “Los gobiernos han generado incentivos a la industria extractiva”. Precisa las actividades que atentan contra los derechos y la vida indígena: agroindustria, palma aceitera, biocombustibles, ganadería extensiva, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería y megaproyectos de infraestructura.
“Es necesario reforzar los procesos de titulación, demarcación y protección de los territorios indígenas que todavía no han sido reconocidos”, destaca. La página 57 detalla un mapa de conflictos, un piso de 200 casos, vinculados en su mayoría a megaminería e hidrocarburos. De Argentina sobresalen casos en Neuquén, Salta, Formosa y las provincias cordilleranas que impulsan la megaminería.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional Indígena, explicó que el consentimiento libre, previo e informado es “una exigencia de todos los pueblos originarios de Argentina”, recordó que es un derecho y apuntó a dos sectores: “Poder político y Poder Judicial violan este derecho básico de los pueblos indígenas cada vez que autorizan una empresa extractiva en nuestros territorios”.
El organismo de Naciones Unidas remarca que “los Estados deben respetar y garantizar los derechos de participación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígena”, vigente en tratados internacionales, normas nacionales, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe precisa que la “mala nutrición” es uno de los problemas que más afecta a los pueblos indígenas y tiene relación directa con la pérdida de territorios y la contaminación. La recomendación principal que hace va en línea con un reclamo generalizado de los pueblos originarios: “Es primordial garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), especialmente en relación con los proyectos extractivos y de desarrollo, en sus territorios o en áreas cercanas”. Recuerda que el derecho internacional obliga al CLPI.
En la página 27 puntualiza: “El argumento de algunos Estados es que consideran el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como una amenaza, porque plantean que les da a los pueblos indígenas la posibilidad de vetar políticas, medidas y disposiciones”. Pero la Cepal se contrapone a esa mirada: “Lo que la normativa internacional busca es revertir la historia de marginación y exclusión que han sufrido los pueblos indígenas”.
El informe señala que el 50 por ciento de la población indígena de América latina vive en centros urbanos. Lo vincula a los “desequilibrios territoriales en el acceso a los bienes y servicios de Estados que estimulan la emigración hacia las ciudades” y a la expulsión de los territorios rurales de la mano del extractivismo.